IPAE, oscura “mina de oro”

En primera fila

                        

 IPAE, oscura “mina de oro”

                                                            

         Solamente identificada como ex secretaria particular del gobernador Roberto Borge Angulo, Claudia Romanillos Villanueva asumió el 11 de abril del 2011 la titularidad del oscuro Instituto del Patrimonio e Inmobiliario de la Administración Pública de Quintana Roo (IPAE) que, creado el 30 de mayo de 2005, durante el sexenio del ex gobernador Félix González como Organismo Descentralizado de la Administración Pública Estatal, está a punto de cumplir sus primeros ocho años en total opacidad.

         No obstante tratarse de una dependencia estratégica de gobierno como ente sectorizado de la Secretaría de Hacienda del Estado y con jurisdicción en toda la entidad, lo último que se supo sobre su operatividad es que hasta el ejercicio de diciembre del 2010 su patrimonio tenía un superávit superior a 245.2 millones de pesos.

         Con el único antecedente profesional de contar con un supuesto título de Licenciada y haber sido consejera política nacional del PRI para el periodo 2011-2014, la funcionaria chetumaleña relevó en el cargo a la no menos desconocida Gina Patricia Ortiz Blanco, funcionaria inepta, ineficiente e ineficaz, que truncó grandes proyectos inmobiliarios y de infraestructura, a lo que se atribuyen tantos problemas con la construcción del aeropuerto de la Riviera Maya.

         Responsable de que en esa administración no se hubiera conseguido un centímetro de tierra a través de la negociación con los dueños de tierras, que todo compraron a precios altísimos, Gina Patricia, mujer soberbia y sin escrúpulos, pequeña para el cargo que ostentaba, sin embargo, decía haberlo obtenido simplemente por ser “comadre” del ex gobernador, aunque no pocos lo atribuían a “otras” razones.

         El caso de la nueva titular del IPAE también es de suyo sospechoso, aunque lo único cierto es que se habla de un “noviazgo” con “altísimo” funcionario estatal que le obsequió una casa en la Unidad Residencial Andara, por cierto vaciada por amigos de lo ajeno, por lo que, según “orejeó” la Dirección de Gobernación, estuvo supuestamente a punto de costarle la chamba al Procurador General de Justicia del Estado.

         Con justa razón súper “cerrado”, el Instituto, cuya Subdirección General ocupa Jorge Mariano Morales Calzada, y su Unidad de Planeación, Víctor Manuel Cámara Novelo, tiene una plantilla de 86 funcionarios, aunque su nómina es igual de “oscura”, ya que algunos figuran ¡hasta con cuatro cargos!, como es el caso de Aníbal Efraín Villanueva Polanco, quien aparece como titular de la Dirección de Productos Inmobiliarios, los Departamentos de Planeación y Financiamiento y Proyectos Estratégicos, y la Coordinación de Desarrollo y Comercialización (¿?)

         Más aun, Isidro Góngora Martín figura como titular de la Subdelegación Técnica     y del Departamento de Obras, mientras que Daniel Chi Chiquil aparece en nómina al frente de la Dirección de Finanzas y Contabilidad, así como del Departamento de Contabilidad.

         Así de “generosa” con sus subordinados, la funcionaria, sin embargo, también se caracteriza por sus férreas decisiones, como fue el reciente caso del violento desalojo de decenas de familias de 42 mil metros cuadrados de terrenos de una colonia del antiguo ejido Calderitas, ubicado al final del fraccionamiento Caribe de Chetumal, sobre el cual nunca quiso dar la cara por el exceso de fuerza pública y la destrucción de las viviendas sin permitir salvar pertenencias de ejidatarios.

         Nueva muestra de oscuridad en la dependencia de Romanillos Villanueva se refiere al conocido caso de la caleta del parque Xel-Ha que, con una extensión de 110 mil metros cuadrados, concesionó en 1994 el entonces gobernador Mario Villanueva Madrid al “Grupo Xcaret”, que encabezan Miguel Quintana Pali, los hermanos Constandse-Madrazo y Francisco Córdova Lira, este último cuñado de Marcos Constandse.

         Durante casi dos décadas de operarlo como parque ecoturístico, los empresarios han enfrentado acusaciones de no pagar impuestos locales y federales, ya que se ignoran las condiciones en que el ex mandatario, con aval del Congreso del Estado, otorgó esos terrenos que dejan millonarias utilidades, aunque, de manera sorprendente Claudia Romanillos asegura “que no existe concesión del Gobierno del Estado sobre los predios del Fideicomiso Caleta Xel-Ha y del Caribe”, pese al Decreto de la VII Legislatura y que en el 2006 Félix González ¡le extendió la concesión al Grupo Xcaret sobre los predios de Xel-Ha por otros 30 años!.

         También podríamos hablar de la sospechosa venta de las Villas Deportivas Juveniles (antes CREA) de la zona hotelera a través del IPAE para construir un edificio de 10 pisos, el cual se realizó sin licitación pública durante el último año de Félix González, lo que Claudia Romanillos oculta como “secreto de estado” y que permanece en opacidad  pese a solicitudes a través de Instituto Estatal de “Transparencia” y Acceso a la Información Pública.

         ¿Son las únicas cosas que se oculta en esa mina de oro? Desde luego que no, ya que durante el gris sexenio del ahora senador el IPAE vendió a particulares un total de 877 predios, aunque saber cuánto se pagó por cada uno y quiénes los adquirieron requeriría de miles de horas, ya que la dependencia se ha negado sistemáticamente a proporcionar esos datos, excepto un número de folio que puede consultarse en el Registro Público de la Propiedad.

         ¿Por qué ocultar los montos? Obvio, Félix González vendió a precios “preferenciales”, es decir, muy por debajo de su valor comercial real, amén de que los beneficiarios fueron amigos, empresarios, familiares y políticos, con lo que, “por lo menos”, no sólo él se habría hecho multimillonario, sino que cumplió su promesa de distribuir la riqueza través de esa “mina”…, pero sólo para favorecer a unos cuantos. 

Por Luis A. CABAÑAS BASULTO.