En primera fila
Por Luis A. CABAÑAS BASULTO*
El
priísta Omar Fayad Meneses fue el único senador que arriesgó ayer el pellejo en
defender lo indefendible y resultó ridiculizado por su homólogo panista Javier Corral
Jurado, quien destapó apestosa “cloaca” del gobierno de Chihuahua, a cuyo
titular, César Horario Duarte Jáquez, acusó de peculado, enriquecimiento ilícito,
ejercicio abusivo de funciones y uso indebido de atribuciones y facultades como
socio de un banco.
Ante
tanto escándalo que día tras día hunden cada vez más al gobierno federal, México
vive un momento complejo, delicado, donde la debilidad institucional está a la
vista del mundo, al que temporalmente se embaucó con el cuento de que una clase
política renovada con un presidente Peña Nieto moderno y reformador.
A menos de 2 años, el agotamiento del régimen
está exhibido, el gobierno al borde del colapso, y aquel presidente de los
cuentos desaparece poco a poco para ser sustituido por uno amenazador, al que rápidamente
brota un tufo autoritario que anticipa represión como una muestra más de su
incapacidad para comprender lo que pasa en las calles de México: Un reclamo de
justicia, una exigencia social contra la impunidad.
Es un momento de enorme vulnerabilidad
porque al horror de Iguala y los fusilamientos de Tlatlaya se suman escándalos
de corrupción, conflictos de interés, tráfico de influencias y ocultamientos
patrimoniales que tocan al más alto nivel del poder público, como la propia
Presidencia, blanco de nueva indignación nacional con la existencia de esa
mansión de mal gusto conocida como “Casa Blanca”, y ahora el intento de engatusar
al país para “justificarla”.
En ese momento era fundamental que el
Senado, sobre todo el PRI, valorara la importancia de apoyar una propuesta de 43
senadores para darle seguimiento a una denuncia de Jaime García Chávez contra
Duarte Jáquez; su secretario de Hacienda, Jaime Herrera Corral, y el presidente
de la Junta Central de Aguas y Saneamiento, Carlos Gerardo Hermosillo, por su
participación en la creación del Banco Unión Progreso de Chihuahua.
La denuncia demuestra que Duarte Jáquez
se hizo banquero y gobernador como socio con mayor participación en el Banco,
con el 15% de las acciones, mediante el contrato de fideicomiso 744,743 por 65
millones de pesos, que constituyó con su esposa Bertha Olga Gómez Fon.
Para ese efecto, Corral Jurado exhibió
el contrato para la administración e inversión con la fiduciaria Banorte, así
como el Diario Oficial de la Federación del 21 de marzo del 2014, donde aparece
fungir como promotor y director de la institución.
Para quien esta doble actividad no
constituye conflicto de intereses, también exhibió una lista donde, del 2012 a
octubre del 2014, el gobierno de ese Estado realizó 381 depósitos de fondos
públicos a ese banco, que escogió para su flujo de capital, donde, tan sólo el
2 de diciembre del 2013, depositó más de 1,208 millones en tres partes: 400,
408 y 400 millones de pesos.
La
denuncia es una apuesta por el Estado de derecho y las instituciones, en un
momento en el que diversos radicalismos plantean otras vías para dirimir
diferencias y solucionar problemas, además de que debió interesarle al PRI por
el desprestigio con uno de sus miembros distinguidos.
La ciudadanía avienta su desesperación
a pedradas cuando los cauces legales no funcionan ni son eficaces, y de ahí la
importancia del punto de acuerdo para no avalar o ser comparsa de nadie en el
sistema de “tapaderas” donde se funda la base de la cultura y pacto de
impunidad.
La denuncia contiene pruebas que,
inclusive, debieran originar la licencia del gobernador para enfrentar juicio
penal, no administrativo, ya que no se
trata de rumores, como de hace años, cuando sólo se advertía el aumento
exagerado de la fortuna de César Duarte sin justificarse con alguna actividad
empresarial o herencia.
Si el patrimonio de una persona es la
suma de sus ingresos del comercio, actividad empresarial, salario, herencia o
donación, al gobernador no le darían todas juntas para haberse convertido en el
nuevo rico de Chihuahua, aunque con enriquecimiento ilícito.
Ahora
bien, ¿Por qué el exhorto a las autoridades a cumplir su deber? Porque desde el
22 de septiembre se presentó la denuncia y no han movido un dedo la PGR ni la
Comisión Nacional Bancaria, mientras que el secretario de Hacienda, Luis
Videgaray, enterado de todo, ni siquiera responde el teléfono.
Claro, el mismo gobernador dijo en una
entrevista -lo publicó el Sol de México- que el funcionario estaba enterado de
todo, y él mismo autorizó el banco. Obvio, ¿Cómo contestar el teléfono?
Por
su parte, el titular de la PGR, Jesús Murillo Karam, no puede preferir el
interés del país y su deber constitucional a su filiación política como ex secretario
general del PRI, ex delegado de campaña de Peña Nieto en el Estado de México y
ex gobernador de Hidalgo: Ni siquiera ha abierto un expediente, dado un número
de oficio o llamado a ratificar la denuncia.
Lo
cierto es que aunque la alternancia política PRI-PAN propició una mayor
representación popular en el Congreso, equilibrios y nuevas formas de participación,
el régimen es exactamente el mismo, está intacto en sus ejes de funcionamiento
esencial, donde lo más importante de ese sistema corrupto y corruptor es el
pacto de impunidad entre la clase política gobernante.
El
pacto está reforzado como nunca antes en la historia reciente por la
convivencia misma del sistema de partidos en el ejercicio del poder porque, en
estricto sentido, no existe voluntad política para acabar con ese pacto, por
ejemplo en el propio Congreso, donde cuando alguien plantea algún punto de
acuerdo, otro partido amenaza con sacarle “trapitos” al sol.
No
obstante, Corral Jurado retó al PRI a discutir el tema, plantear dudas, negar
elementos, desmentirlo, defender a Duarte y votar por obvia y urgente
resolución el exhorto a Murillo Karam para que sepa que el Senado atenderá la
denuncia penal de los 43 senadores del PAN, PRD y PT.
Era
obvio que no era atractivo al PRI discutir ese punto de acuerdo, que respaldaron
los 43 senadores, dado el momento que vive por el escándalo internacional por
la “Casa Blanca” en el dolor que provoca el caso de los desaparecidos de Iguala.
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