-La dependencia ocupa más de 50 Policías Estatales y más de 30 Policías Judiciales, para cumplir con su objetivo
-Agentes arribaron fuertemente armados como si se tratara de criminales peligrosos
Por Daniel
Ramos
Madre de familia defraudada y desalojada. |
Chetumal, Q. Roo, a 27 de enero de 2013.- El Instituto del Patrimonio e Inmobiliarios de la
Administración Pública (IPAE), terminó con el desalojo de cientos de personas
en el los terrenos denominados “La
Franja”, o antiguo Ejido Calderitas. Ayer domingo, Personal de la
dependencia cerco las hectáreas que habían sido invadidas por personas que fueron
defraudas.
Al lugar,
arribaron varios elementos de Tránsito y Grupo antimotines de la PEP, para evitar
que los trabajos de desalojo y demolición no se salgan de control y eviten agresión.
Sin embrago,
los invasores, también defraudados, fueron los que pidieron a las autoridades
de Seguridad Pública estatal
evitar el uso excesivo de la fuerza pública, debido a que la ocasión anterior fueron
violentados sus derechos humanos.
Y es que en
esta ocasión no participó la Policía Municipal Preventiva, en su caso, el área
fue fuertemente custodiada por el grupo antimotines, antes Grupo Zorros,
quienes portaban armas de fuego, gases lacrimógenos, escudos y macanas, para
destruir las viviendas de algunos de estos invasores.
Fueron cerca
de 50 elementos de la Secretaría
Estatal de Seguridad Pública (SESP) llegaron hasta los lotes invadidos,
para llevar a cabo un segundo desalojo de las familias que permanecían ahí desde
el pasado martes, ya que se instalaron renueva cuenta.
Los
policías, llegaron con armas largas y cortas, macanas, gases lacrimógenos,
macanas, chalecos antibalas y unidades móviles para arremeter en contra de los
invasores de terrenos.
Las familias
que ahí se encontraban reprocharon la acción de los elementos de seguridad
pública. Comentaron que “la forma” no era la adecuada por la presencia de
menores de edad que aún se encuentran en las viviendas derrumbadas por
maquinaria pesada.
DE igual
manera, se apersonaron cerca de 30 elementos de la Procuraduría General de
Justicia del Estado (PGJE), adscritos a la Policía Judicial del Estado (PJE),
llegaron al lugar portando armas cortas, calibre 9 milímetros, para realizar
las diligencias correspondientes.
Se limitaron
a responder que las órdenes eran de repeler cualquier acto agresivo por parte
de los “invasores”. La utilización de armamento de grueso calibre, dijeron las
familias, no es necesaria para obligarlos a abandonar el sitio.
Si bien, la
pérdida de su patrimonio era lo que más preocupa en estos momentos, el uso de
la fuerza pública por parte de los elementos de la Policía Estatal Preventiva
(PEP) no es acorde, ya que no se trata de repeler a delincuentes pertenecientes
a células criminales.
“Todo el
lugar fue rodeado por elementos del grupo Antimotines de la corporación
policiaca, dispuestos a dar batalla en contra de las familias invasoras, no es
posible que vayan a usar todo su armamento en contra de nosotros solo por
querer defender nuestro patrimonio”. Dijo una angustiada madre de familia, la
cual forma parte de una de mas decenas de familias defraudadas.
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