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| Claudia Romanillos Villanueva |
La directora general del Instituto del Patrimonio e
Inmobiliario de la Administración Pública (IPAE), Claudia Romanillos
Villanueva, sigue sin dar la cara con respecto al caso del desalojo de decenas
de familias en la colonia irregular antiguo ejido Calderitas, de Chetumal. El
diputado priista Manuel Aguilar Ortega, lamento los hechos ocurridos la tarde
del martes. Recomendó a ciudadanos, no dejarse engañar ante cualquier propuesta
de compra-venta de terrenos.
Tras los hechos ocurridos el pasado martes en la antigua
ejido Calderitas, ubicado al final del fraccionamiento Caribe, la directora del
IPAE, Claudia Romanillos Villanueva, se ha negado a dar detalles del sorpresivo
desalojo, pues mucho se ha cuestionado de la forma drástica en la que se dieron
las cosas; como fue el exceso de fuerza pública y la destrucción de las
viviendas ya edificadas por los ejidatarios, sin dejar salvar las pertenencias.
Si bien es cierto, existe una demanda penal, con el número
de averiguación previa AP/1496/5/2011, por el delito de despojo, interpuesta por el IPAE, por las más
de 42 mil metros cuadrados de tierras,
pertenecientes al gobierno del
estado.
Esta demanda pesa en contra de Santiago Alejo Damián, Luis
Alberto Rodríguez Samudio, las hermanas Yarah Dinora y Sonia Eugenia Flores
Cortes, esta última fue detenida en el lugar de los hechos por los agentes
preventivos y puesta a disposición del MP.
Estas personas, fueron las que vendieron lotes fraccionados
a las decenas de familias que ahora se encuentran en la calle, pues pagaron
cada una alrededor de 10 mil pesos por el predio y que ahora sufren las
consecuencias.
Al respecto, Manuel Aguilar Ortega, diputado priistas,
lamento los hechos ocurridos. “Es lamentable que suceda este tipo de situaciones,
sobre todo con personas que están desprotegidas; Pero es aún más grave que
existan personas vivales, que se aprovechan
de las necesitan de las personas para inducirlos a invadir un predio que ni siquiera son de su propiedad.
Peor aún que defrauden a la gente”, enfatizó.
Dijo que las instituciones deberían plantear una solución al
problema que prevalece. “Hay que apegarse a la Ley,
sin embargo, ante lo ya ocurrido, las mismas instituciones deben de dar
opciones a estas familias. Si ya pagaron, fueron defraudados, la dependencia
competente, debería plantear soluciones para que estas familias no queden
desprotegidas. Habría que darles
facilidades, debidamente legales”, agrego el legislador priista.
Por ultimo recomendó a ciudadanos a no dejarse engañar por
charlatanes. “Es recomendable que se acerquen a las instancias de gobierno,
para no caer en este tipo de delitos y eviten ser defraudados, para que no
sigan ocurriendo este tipo de conflictos, como ocurrió en este caso”, finalizó.
Fue a través de un comunicado de prensa que el IPAE, informó
que actuó y
actuará conforme a la ley en cualquier caso en el que se trate de cuidar y
defender el patrimonio estatal ya que es parte de sus atribuciones, de acuerdo con el Artículo 59 de
la Ley del Patrimonio del Estado de Quintana Roo.
En este sentido el IPAE informa que en la
capital del estado el día 22 de enero del presente año, habiendo sido
informados, por el personal que custodia el predio ubicado en la calle Chetumal
con Nicolás Bravo, de la presencia de maquinaria y camiones de carga así como
de personas ajenas al terreno se dio notificación a la PGJE la cual, habiendo
constatado la violación a los sellos procedió al desalojo del predio en
mención.
La dependencia aclaró que el motivo de la
acción legal proviene de una extensión de tierra que fuera expropiada a favor del gobierno del
estado (INVIQROO), el 10 de diciembre de 1997 y publicado en el diario oficial
de la federación el 12 de diciembre del mismo año.
En este sentido, el IPAE recibe por
transferencia del INFOVIR, el 12 de octubre del año 2005 un predio de poco más
de 108 hectáreas dentro de las cuales están inmersas las 4.25 hectáreas motivo
del desalojo realizado el día de ayer.
Por ello, el
16 de mayo de 2011 el IPAE, presenta querella por el delito de despojo y
lo que resulte ante acciones de ocupación del predio que particulares
pretendían realizar; de esta acción el ministerio público con fecha 29 de
septiembre de 2011, lleva a cabo el aseguramiento del predio dejándolo en
custodia del apoderado legal del IPAE para su vigilancia.
Como recordará, el día de martes, dicha dependencia estatal,
con maquinaria pesada y personal, desalojó
y demolió las casas edificadas en dicho predio, ocupadas por decenas de
familia defraudadas por las personas antes mencionadas.
Los presuntos invasores defraudados, mencionaron que la
medida que tomo la dependencia estatal fue muy agresiva, violentando sus
derechos humanos y sin darle oportunidad de salvar sus pertenencias. Por lo
anterior, pidieron la intervención del Gobernador del Estado, Roberto Borge
Angulo, pues actualmente no tiene donde vivir, fueron defraudadas.
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