Chetumal, Q. Roo, viernes 22 de marzo de 2013
En
primera fila
Recién concluida reciente sesión de la Cámara de Diputados,
conocido periodista, irónicamente, se preguntaba en cadena nacional por qué se
congratulaban tanto los legisladores de la oposición después que, en acalorado
debate y cardiaca votación, el pleno aprobó un punto de acuerdo en el que se
solicitaba al presidente Enrique Peña Nieto y su gabinete cumplir con el
compromiso de hacer públicas sus declaraciones patrimoniales.
Aquello había sido posible con 225 votos a favor por parte
del PAN, PRD, PT y Movimiento Ciudadano, contra 220 del PRI-Partido Verde, en
relación con una propuesta de la panista Elizabeth Yáñez Robles, quien acusó al
mandatario de haber mentido y engañado con una declaración a medias, y que no
se hablaba de un tema de legalidad, sino de una crítica a la opacidad,
“transparencia” a medias y conveniencias.
En efecto, el mandatario había revelado el 16 de enero en su
declaración percibir un salario de 193 mil 478 pesos mensuales y poseer cuatro
casas -dos compradas y dos donadas-, cuatro terrenos donados y un departamento
heredado, con lo que afirmó haber cumplido con su promesa del 30 de marzo del
2012, cuando inició su campaña por la presidencia, en el sentido de hacer
“públicas” sus declaraciones ante la Secretaría de la Función Pública.
Asimismo, el hombre del copete más famoso del país firmó ese
día en Guadalajara ese compromiso que hizo extensivo a todos los mandos
superiores del Gobierno Federal, aunque “es decisión de cada uno de ellos
hacerla pública o no”, según explicaría el titular de la Secretaría de
Hacienda, Luis Videgaray Caso.
Lamentablemente, y para mala fortuna de los pobres ilusos
que esperaban realmente un cambio y tenían la esperanza de que Peña Nieto se
preocupara por recobrar la confianza de la población, sobre todo respecto a la
administración de recursos y los cada vez más comunes e indignantes
enriquecimientos inexplicables de funcionarios y exfuncionarios públicos, la
detención de la lideresa Elba Esther Gordillo fue una simple y pura llamarada
de petate.
El PRI, por lo que vemos, no tiene ninguna intención de
cambiar y le importa poco la opinión de los millones de mexicanos en torno a la
corrupción y la necesidad de transparentar el uso del de recursos del erario
público, y lo que es peor fue el mensaje que envió Peña Nieto a los gobernantes
de los Estados y los principales colaboradores de éstos, que con toda seguridad
buscarán imitar esa actitud.
Ahora bien, dos importantes situaciones derivan del acuerdo
adoptado por la Cámara de Diputados, la primera de ellas, quizá la más
significativa, es haber quedado demostrado que, con la unión de esfuerzos y
voluntad política, es perfectamente posible doblegar a la tradicional
“maquinaria” priísta, que solía imponer su voluntad en el Congreso de la Unión,
desde luego con sus “entenados” del Verde Ecologista, aunque ahora justifican
su revés por la ausencia de Manlio Fabio Beltrones en la sesión de marras.
La otra situación es que, desgraciadamente, el citado
Acuerdo carece de obligatoriedad respecto al Jefe del Ejecutivo, ya que se
trata de un simple exhorto, algo así como un “consejo”, que en nada inquieta a
la Presidencia de la República, y mejor prueba de ello fue la respuesta de la
Subsecretaría de Normatividad y Medios de la Secretaría de Gobernación, que
“aclaró” que aquél cumplió en tiempo y forma, “y quienes opinan lo contrario
incurren en un error; se apegó a la normatividad”, afirmó.
De ser “honesta” la declaración -es visiblemente incompleta
hasta para el más tarado-, todo haría suponer que le resultó “mal negocio” a
Peña Nieto haberse convertido en presidente, ya que el 21 de agosto de 2007, de
acuerdo al portal de Trasparencia, como gobernante del Estado de México
percibía 203 mil 68 pesos y una gratificación de 78 mil 734 pesos mensuales, en
tanto poseía dos casas, en Ixtapan de la Sal y Metepec; un terreno en Valle de
Bravo, un departamento en Acapulco, un predio rústico en Acambay y una
camioneta Chevrolet 2005.
“Menos pobre” que él, su entonces subsecretario general de
Gobierno, hoy diputado federal José Sergio Manzur Quiroga, hizo público ser
propietario de 29 casas, departamentos y terrenos en el DF y municipios
mexiquenses de Toluca, Metepec, Naucalpan y Valle de Bravo, así como un salario
mensual neto de 99 mil 102 mil pesos y, como cuarto nivel en el tabulador
salarial de Edomex, poseer 159 vehículos: 99 de colección; 47 grúas, ocho de
servicio y cinco de uso diario. Hasta parecía ser ejidatario.
Pero bueno, lo cierto es que la Secretaría de la Función
Pública, que por cierto depende directamente del presidente Peña Nieto, sería,
en todo caso, la única en conocer el patrimonio real del mandatario, con cifras
exactas y la ubicación y extensión de propiedades, así como sus cuentas
bancarias y su ubicación, desde luego si aquél quiso dárselas a conocer a ese
empleado suyo que, en todo caso, seguramente no se atrevería a cuestionar la
información que quiso darle y como quiso darla su jefe, a menos que alguien
pueda demostrar lo contrario. No lo creemos.
En fin, que simplemente se trató de darle “atole con el
dedo” a los mexicanos, en una actitud que, sin embargo, contrasta en mucho con
el caso de Quintana Roo y muy seguramente con todos los Estados, donde se
ignora absolutamente todo sobre el patrimonio de los mandatarios, como ocurrió
por ejemplo en nuestro caso, ya que nadie supo, por ejemplo, de las
declaraciones patrimoniales inicial y final del ex gobernador Félix González,
quien se enriqueció escandalosamente y empobreció en forma no menos escandalosa
al Estado, en tanto que hasta hoy también ignoramos la situación patrimonial de
Roberto Borge Angulo, lo que nos obliga a preguntarnos ¿Por qué tanto
Peña Nieto como los cozumeleños nos obligan a pensar mal? ¿Acaso tendrán algo
que ocultar? ¿Para qué sirven entonces las Contralorías? ¿Usted qué opina?
Por Luis A. CABAÑAS BASULTO
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