Por Daniel Ramos
Este día el Instituto Electoral de Quintana Roo (IEQROO), impartió un
taller de capacitación sobre el proceso electoral 2013 dirigido a
representantes de los medios de comunicación de esta capital, con el fin que la
difusión de la próxima campaña electoral sea apegada a la Ley, además de
difundir sobre los delitos electorales y etapas del proceso.
Durante la capacitación, se dio a conocer información de la veda electoral
o suspensión de la difusión de toda propaganda gubernamental que inicia el
próximo 13 de mayo de acuerdo con el artículo 41 apartado C de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos y con el artículo
169 tercer párrafo de la Ley Electoral
de Quintana Roo.
El taller fue inaugurado por el consejero presidente del IEQROO, Jorge
Manríquez Centeno e impartido por personal de la Dirección Jurídica
del organismo, quien destacó que la condición que debe cumplirse en esta etapa
del proceso es que la información que se publique sobre la obra de gobierno no
sea pagada.
El Apartado C
del artículo 41 de la Constitución Federal
establece que “En la propaganda política o electoral que difundan los partidos
deberán abstenerse de expresiones que denigren a las instituciones y a los
propios partidos, o que calumnien a las personas.
“Durante el
tiempo que comprendan las campañas electorales federales y locales y hasta la
conclusión de la respectiva jornada comicial, deberá suspenderse la difusión en
los medios de comunicación social de toda propaganda gubernamental”, dijo
Manríquez Centeno.
Las únicas
excepciones a lo anterior, precisaron los funcionarios electorales, serán las
campañas de información de las autoridades electorales, las relativas a
servicios educativos y de salud, o las necesarias para la protección civil en
casos de emergencia.
Asimismo,
durante el curso se dieron a conocer aspectos relacionados con los delitos
electorales que puede cometer cualquier ciudadano, los funcionarios de partidos
políticos, los funcionarios públicos y los ministros de cultos religiosos, así
como las autoridades jurisdiccionales que los persiguen.
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