En
primera fila
¡La venganza de los “enemigos”!
Por Luis A. CABAÑAS BASULTO
Con una página electrónica de Internet -y suponemos que con
varias notas contra la Secretaría de Seguridad Pública-, Daniel Ramos se
convirtió aparentemente este viernes en la más reciente víctima de la
intolerancia de las autoridades contra los medios de información, para su mala
fortuna, según inicia su denuncia pública, “en pleno festejo de la libertad de
expresión”, ya que, asegura, un par de policías estatales lo detuvieron de
manera arbitraria “sin los más mínimos elementos”.
No obstante, ahora para su buena suerte, tras ser consignado
al Juez Calificador éste ordenó su liberación por no existir faltas
administrativa que acreditara la detención, ocurrida cerca de las 13 horas en
las inmediaciones de la colonia Del Bosque de Chetumal, aunque él atribuye esa irregularidad
a “órdenes superiores de la Policía Estatal Preventiva”.
Según explica Ramos, una patrulla de la corporación se
emparejó a su vehículo y sus ocupantes lo obligaron a descender para una
revisión por “sospechar” que consumía alguna sustancia tóxica, y pese a no
encontrar nada lo detuvieron sólo por identificarse como reportero: “Con más
razón te vamos a detener”, le dijeron, tras recibir aquéllos aparentes órdenes telefónicas
de su director, Bibiano Villa Castillo.
Ante la supuesta falta de elementos para su consignación,
los agentes optaron por los socorridos “Ultrajes a la autoridad” que, en
castellano, significa ofender o insultar a un servidor público con motivo de
sus funciones o en el ejercicio de ellas, aunque el denunciante insiste en que “en
ningún momento se resintió al arresto y mucho menos a la revisión”.
Ahora bien, ante esta circunstancia habría que sopesar el
valor real de la acusación de los agentes, ya que se presta, no sólo a malas
interpretaciones, sino también -principalmente- a tremendas suspicacias, más
aun cuando se trata de cuestiones personales y de aplicar el criterio, ése del
que no pueden presumir precisamente los agentes de la policía cuando se sienten
agraviados.
Los legisladores que aprobaron la Ley de Seguridad Pública,
muy probablemente con la misma prontitud y falta de criterio que con las demás
iniciativas -excepto, claro, cuando se trata de las que plantea la oposición-,
jamás se percataron de esta trampa o lo hicieron con todo el dolo del mundo, ya
que dejaron a consideración del policía determinar cuándo lo “ultraja” algún
ciudadano para detenerlo y encarcelarlo por una cuestión tan subjetiva.
¿Cómo se defienden los detenidos bajo este estúpido
concepto? ¡De ningún modo!, excepto confiar en la buena voluntad y criterio del
Juez Calificador, como ocurrió en el caso de Daniel Ramos, pues es muy difícil,
por no decir imposible, que la corporación dote de grabadoras o equipos de
video a sus policías para demostrar que existió tal ultraje, aunque menos aún
lo puede hacer la ciudadanía.
Luego entonces, ¿será que tendremos qué confiar en caerles
bien a los policías para evitar que detengan y encarcelen a lo loco? Y conste
que no sólo nos referimos a los reporteros, sino a toda la población,
principalmente guiadores, ya no digamos con aliento alcohólico que, de
antemano, violan el Reglamento de Tránsito y son susceptibles de “ultrajar” a
los agentes, ya que aquí será su palabra contra la de ellos ¡Ya se imaginará
Ud. a quién le darán la razón!
Ramos, a quien no tenemos el gusto de conocer, opina que su
detención obedece a una violación a su Libertad de Expresión, que ese viernes
se festejaba precisamente, y aunque sería un tanto inexacto aceptarlo porque no
se encontraba en sus funciones, sí existió una irregularidad en las formas,
aunque tal vez se podría valorar, como dice, de existir antecedentes por el
contenido y forma de sus artículos.
Algo similar ocurrió hace algún tiempo en la ciudad de
Cancún, cuando, tras la publicación de un reportaje sobre los “relojes espía”
del alcalde de Benito Juárez, el columnista Antonio Callejo Anzures fue
sospechosa y arbitrariamente detenido, esposado y encarcelado algunas horas sin
haber cometido ninguna falta, probablemente, creemos, con el “sutil” pretexto
del “ultraje”.
De cualquier modo, sirva la experiencia para reflexionar y
prevenirse sobre esa “arma” de las autoridades como venganza, no sólo contra
los periodistas, sino también contra todos sus enemigos, principalmente los
partidos de oposición y sus simpatizantes, aunque créanos que se pintan solas
con toda clase de “herramientas”, como ocurrió este mismo lunes en el Instituto
Tecnológico de Chetumal.
En efecto, resulta que, sin decir “agua va”, la directora
del plantel, Mirna Manzanilla Romero, comadre de la priísta Cecilia Loría Marín,
suspendió un debate de candidatos a la presidencia municipal de Othón P.
Blanco, que anunció la oposición para las 17 horas, y todo porque el del PRI,
Eduardo Espinoso Abuxapqui, seguramente no asistiría porque, ante su evidente
falta de argumentos y excesivas fallas, había anticipado que prefería debatir
“con el vendedor de jícamas de la esquina”.
Lo curioso es que Mirna Manzanilla, cuyo periodo al frente
de la dirección feneció en febrero último, ya había autorizado anteriormente el
uso del auditorio del ITCH en múltiples ocasiones para eventos en los que
participaban, por ejemplo, los legisladores Freddy Marrufo Martín y Alondra
Herrera Pavón, así como el director de la CAPA, José Alonso Ovando, entre
otros, aunque la diferencia, ya se imaginó Ud., ¡es que ellos son priístas!
*Luis Angel Cabañas Basulto, periodista
yucateco avecindado en Chetumal, Quintana Roo, con más de 35 años de
trayectoria como reportero, jefe de información, editor y jefe de redacción de
diversos medios de información, también ha fungido como Jefe de Información de
dos ex gobernadores y tres presidentes municipales, y publicado tres libros.
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