En primera fila
SINTRA y SCT, ¡en el
banquillo!
De ser cierto que el gobernador Roberto
Borge Angulo puso en marcha trabajos previos para la reconstrucción de calles y
avenidas principales y secundarias en la colonia Tierra Maya y la segunda etapa
vialidades en la Región 228 de Cancún -con tanto anuncio partidista no sabemos
qué creer-, los quintanarroenses, concretamente los vecinos de ese polo de
desarrollo turístico, deberían ponerse la “pilas” y “pelar” bien los ojos.
En efecto, tal y como consignan algunos
medios que suelen ensalzar al Jefe del Ejecutivo hasta cuanto estornuda, “la
infraestructura de comunicaciones y servicios en el Estado, especialmente en Cancún,
principal polo turístico del país y de Latinoamérica, es prioridad para la
administración del mandatario”.
Sin embargo, la mala noticia es que “los
trabajos estarán a cargo de la Secretaría de Infraestructura y Transporte
(SINTRA)”, lo que debería llenar de preocupación a la luz de los recientes
acontecimientos en los municipios de Othón P. Blanco y Balacar, y que, contra
todo sentido común, ninguna autoridad se ha atrevido a decir “esta boca es mía”.
Nos
referimos concretamente al aparente fraude o desvío de recursos en algunas
obras rurales de esos municipios, donde se anunció y “oficializó” la
construcción o reparación de alrededor
de 50 kilómetros de carreteras que, con una erogación de más de 100 millones de
pesos, se trata de trabajos “fantasmales”, no existen, y aunque la información
“sólo” responsabiliza a la SINTRA y la Secretaría de Comunicaciones y
Transportes (SCT), habría más involucrados.
Así,
creemos que la Secretaría de la Función Pública, que supuestamente “investiga”
el caso -¿Usted lo cree?-, no sólo debería llamar a cuentas a los titulares de
las primeras dependencias, Fernando Escamilla Carrillo y Miguel Ángel Núñez Pérez Gavilán, respectivamente,
sino también a los alcaldes de esos municipios, el mitómano Carlos Mario
Villanueva Tenorio y Francisco Flota Medrano, aunque ya vayan de salida.
Conforme
a reportaje de Edgardo Rodríguez, durante reciente visita del auditor de la
Secretaría de la Función Pública, Patricio Chávez Díaz Gómez, éste pidió
información sobre obras supuestamente realizadas y entregadas a diversos ejidos,
ya que existían fotos y sellos que sustentaban la aparente entrega de proyectos
a comisariados ejidales y delegados que, empero, lo negaron rotundamente.
Ese
fue el caso de la comunidad de Miguel Alemán (Bacalar), entre otros, donde
supuestamente se construyó un camino de casi 13 kilómetros, aunque las fotos
que tenía en su poder el auditor no pertenecían a los de esa demarcación, pese
a contar con la supuesta firma y sello del delegado, algo similar al caso de
Morocoy (OPB), donde “desapareció” un supuesto camino federal de 11.3
kilómetros que los ejidatarios del lugar tampoco conocían.
Aunque
ni el Gobierno del Estado ni la SCT han querido dar la cara, ya sabemos cómo se
las gasta Escamilla Carrillo en aquello de “justificar” pésimos trabajos en
materia de mantenimiento de calles de la ciudad y caminos rurales, pero también
conocemos el negro historial de la dependencia federal que, curiosamente, estrena nueva dirigente
sindical en Quintana Roo con Valdemar Dzul y Patricia Romero Torres.
De
Miguel Ángel Núñez poco se sabe, excepto, como se imaginará Usted, que de
quintanarroense tiene lo que nosotros de rusos, aunque en 2010 relevó a Ignacio
Meza Echavarría, quien interpuso una denuncia de despido injustificado, pese a
que su cese se dio por presuntas irregularidades en trabajos de infraestructura
carretera que no se le había podido comprobar.
Entre
éstas se incluía el tramo carretero Chetumal-Bacalar-Cafetal que, inaugurado en
febrero de 2006 con una inversión de 757 millones de pesos y una extensión de
76.2 kilómetros, figuraba con 20 años de vida, pero desde su apertura recibió
constantes reparaciones. Asimismo, estaba el tramo Tulum-Playa del Carmen (40
millones de pesos), tendría la misma vida útil, pero especialistas reconocieron
que la carpeta de asfalto aplicada era más costosa y con vida útil de cinco
años.
Con
estos antecedentes, Borge Angulo anuncia la construcción de 35 mil 918 metros
cuadrados de concreto hidráulico con una inversión de más de 19.2 millones de
pesos, en beneficio de más cinco mil familias, ya que dicho material tiene mayor
duración ante el sol y el agua, y su costo se equilibra porque sólo requiere de
mantenimiento periódico.
Según
Escamilla Carrillo, las obras se han concursado y adjudicado, y aunque
suponemos que para su inicio se imprimieron más de mil fotografías, como en los
casos de las comunidades de Othón P. Blanco y Bacalar, se trata aparentemente
de una inversión estatal, por lo que no habrá ningún auditor de la Secretaría
de la Función Pública que reclame por obras “fantasmales”, por las que, según
comentarios a la información de Edgardo Rodríguez, “ahora van a quemar en leña
verde a funcionarios de bajo rango, van a culpar a los inspectores de obra y
los van a correr y encarcelar”, como ocurrió con la chetumaleña empleada de Migración
injustamente presa en Nayarit, Neifi España Álvarez, recién liberada por un
caso de cubanos que se fugaron en diciembre de 2012.
Otro comentario sobre el caso de obras
inexistentes señala que fue muchas veces el “modus operandi” del ex presidente
municipal de OPB, Andrés Ruiz Morcillo, quien, junto con Pablo Moreno Povedano,
entonces titular en Servicio Públicos Municipales -actual Síndico con el
“cachorro” del ex gobernador preso, que hablaba de “fórmulas secretas” de
material poblano para el bacheo de calles-, dice, “registraban carreteras y
repavimentaciones que nunca se hicieron”.
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