Población, insegura “gracias” a Félix

En primera fila

Después del gobernador Roberto Borge Angulo, el antecesor de éste, el ahora senador Félix González, uno de los ex mandatarios más vilipendiados en la historia de Quintana Roo, es el funcionario con mayor número de escoltas y “comisionados” con nómina con cargo al Gobierno del Estado, de más de un centenar de trabajadores, entre policías y personal que, asómbrese Usted, se llevó de la mismita Casa de Gobierno al término de su sexenio.

Aunque ignoramos si ese número incluya a los que están asignados a su cónyuge, la ex presidenta del DIF-Estatal Narcedalia Martín Villanueva, lo cierto es que quien fuera denominada “primera trabajadora social de Quintana Roo”, cuenta con una escolta de 32 policías, entre judiciales y preventivos dependientes de la Secretaría de Seguridad Pública y Procuraduría General de Justicia del Estado.

Así, el ex gobernante, cozumeleño como su sucesor e identificado como el funcionario que inició la ahora “montaña” de adeudos de Quintana Roo, se convirtió en “protector” de cocineros, meseros, recamareras, “guaruras”, vigilantes, diligencieros, jefe de compras y demás personal que laboraba en Casa de Gobierno.

Respecto a la costumbre de rodearse de policías hasta el último rincón inició con el sexenio de Mario Villanueva Madrid, cuando, por razones obvias, ordenó elevar las bardas y construir “torretas” en torno a la Casa de Gobierno, mientras que en palacio de gobierno instruyó el cierre del acceso desde el estacionamiento con enormes portones que persisten en el inmueble.

Con Joaquín Hendricks Díaz no se vio tanta prepotencia como con las escoltas de su antecesor, aunque ambos sexenios contrastan con el periodo del caballeroso Miguel Borge Martín, quien, aunque Ud. no lo crea, sólo contaba con ¡una decena de policías!, todos dependientes del no menos gentil Cap. Jesús Rangel Castro, ahora rezagado en la Dirección General de Gobernación estatal junto con el también Cap. Hipólito Sánchez Quevedo.

Pese a que en anterior colaboración nos referíamos a la necesidad de que el Congreso del Estado tomara cartas en el caso de los escoltas, resulta que apenas el año pasado, con ocasión de su comparecencia ante la XIII Legislatura, el ¡uff! aún titular de la Secretaría de Seguridad Pública, Carlos Bibiano Villa Castillo, reconoció que “casi” la mitad de los agentes de la Policía Estatal Preventiva (PEP), esto es alrededor de 498, están “comisionados” como escoltas de funcionarios y ex funcionarios.

Según diría en aquella ocasión el diputado Baltazar Tuyub Castillo, lo que llama la atención es que tiene mil 116 policías la policía estatal y que de la Policía Municipal Preventiva estaban destinados 498 comisionados con ex gobernadores, el gobernador y ex funcionarios, entre otros, y que cada elemento de la PEP tenía un salario promedio de 6 mil 300 pesos.

El legislador afirmó que Villa Castillo dijo que no es decisión suya la asignación de escoltas, con lo que se exculpó que Quintana Roo ocupara el último lugar en la certificación de control y confianza de las corporaciones estatales y municipales, aunque culpó de ello al ex secretario de Gobierno, Luis González Flores, en tanto ¡insistió en pedir a los diputados más recursos para la Secretaría!

Lamentablemente, ya desde diciembre de 2010 el Congreso del Estado aprobó por mayoría una iniciativa de Félix González con reformas a la Ley de Seguridad Pública, tales que permitían al gobernador, procurador y secretarios de Seguridad Pública y de Gobierno, así como a sus familias continuar con protección al término de su gestión, lo que, según el entonces presidente de la Comisión de Justicia, Pedro Pablo Poot Ek, obedecía a la delicadeza de sus cargos, en lo que se llamó como una “ley “guarura”.

Los únicos que votaron contra el dictamen fueron los panistas William Souza Calderón y José Francisco Hadad Estéfano, así como la perredista Luz María Beristaín Navarrete y el petista Hernán Villatoro Barrios, lógico, ya que incluía que los funcionarios tuvieran acceso al 50 por ciento de escoltas que tenían en el cargo, así como vehículos y equipos de seguridad, aunque, en análisis en comisiones, se negó dar a conocer el número de “guaruras” de cada funcionario, con lo que hasta abogados de segundo y tercer niveles tienen actualmente escoltas.

En lo que llama más la atención es el de un funcionario al que se ha visto ejercitarse en el Boulevard Bahía mientras dos vehículos con vidrios polarizados lo “cuidan” a corta distancia, pero, nos preguntamos, si gracias a esa ley de Seguridad Pública la mayoría de los policías están asignados a funcionarios y demás personajes, ¿Quién cuida de la ciudadanía y su patrimonio? ¡Agradecida debería estar la delincuencia!

Por Luis A. CABAÑAS BASULTO