-La dependencia estatal, debe acatar nuestra Constitución y los acuerdos de la ONU, señala el Regidor del Partido del Trabajo
-Desalojos con uso de fuerza policiaca es violatorio a la Carta de Derechos Humanos de la ONU
-Aplicar lo propuesto por Habitar para dotar de vivienda digna a casi 100 mil quintanarroenses, propone Valdivia Villaseca
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| Rivelino Valdivia Villaseca. |
Chetumal,
7 de febrero.-Con el fin de evitar violar los derechos humanos de personas que
han sido desalojadas por el único “delito” de buscar un hogar propio, es
necesario que los gobiernos federal, estatal y municipales acaten el derecho
establecido por nuestra Carta Magna y por la Organización de las Naciones
Unidas (ONU) de dotar de una vivienda digna a los quintanarroenses que lo
necesiten.
Así
lo señaló el Presidente de la Comisión de Seguridad Pública, Policía Preventiva
y Tránsito del Ayuntamiento Othonense, Rivelino Valdivia Villaseca, quien sin
dejar de reconocer la labor del Instituto
de Fomento a la Vivienda y Regularización (Infovir) de dar certeza jurídica a
cerca de 10 mil familias en la entidad, “es poco comparado a las verdaderas
necesidades de casi cien mil familias que carecen de un predio o un inmueble que
cubra sus necesidades de tener un hogar”.
El desalojo – hace días- de 50
familias que ocupaban predios de 400 metros cuadrados, de 200 de 160, respectivamente, con motosierras y
maquinaria pesada de la propiedad
localizada entre la avenida Chetumal, y las calles de Antigua y Petcacab, a un
costado de la colonia Caribe, “constituye
una violación grave de los derechos humanos, en particular del derecho a una
vivienda adecuada, de acuerdo a la Resolución 1993/77 de la Comisión
de Derechos Humanos de la ONU”, refirió el Regidor por el Partido del Trabajo
(PT) en este Cabildo othonense.
10 Millones de personas son desalojadas
violentamente al año: ONU
En base a datos estadísticos de la ONU, el regidor petista aseguró
que cada año 10 millones de personas son objeto de desalojo forzoso el cual no
se limita a las zonas rurales ya que en las áreas urbanas también se producen debido
al rápido crecimiento urbano, la globalización de las fuerzas económicas, las
medidas de ajuste estructural, la pasividad de los poderes públicos a la hora
de garantizar los derechos de los grupos desfavorecidos, la discriminación
progresiva y a menudo sistemática y otras fuerzas también contribuyen a la
frecuencia de los desalojos forzosos”, explicó Valdivia Villaseca.
Las personas desalojadas no sólo pierden su hogar y su vecindario,
en los que suelen haber invertido una buena parte de sus ingresos a lo largo de
los años, sino que también se ven obligadas frecuentemente a abandonar sus
efectos personales porque normalmente no se les avisa que las excavadoras o los
equipos de demolición van a destruir sus asentamientos, tal como pasó en Calderitas..
“En última instancia la responsabilidad legal de impedir los
desalojos forzosos corresponde a los gobiernos, independientemente de quienes
propugnen realmente determinado plan de desalojo, tal y como lo hace el titular
del Infovir,
Juan Pedro Mercader Rodríguez, principal promotor de que se aplique la ley y se frene la invasión de
predios en vez de aplicar el reconocimiento universal del derecho que tienen
todos los ciudadanos a la seguridad de la tenencia y de una vivienda”, apuntó.
La seguridad de
tenencia de la tierra y a una vivienda, derecho humano
Este reconocimiento universal del derecho de todos los
ciudadanos a la seguridad de tenencia de la tierra o de contar con una vivienda
digna es la medida más eficaz que pudieran adoptar los gobiernos de los tres
niveles para restringir la práctica de los desalojos forzosos: “la seguridad de
tenencia -el derecho legal de toda persona a la protección contra el desalojo
arbitrario o forzoso de su casa o tierra- contribuye de forma importante a
frenar el proceso de desalojamiento, la concesión de un título legal de
propiedad a los que ocupan una vivienda o tierra y actualmente no gozan de
dicha protección puede contribuir considerablemente a impedir los desalojos
forzosos”, sostuvo el regidor petista.
Rivelino Valdivia Villaseca recordó que la seguridad de tenencia es
un tema que se aborda cada vez con mayor frecuencia en el ámbito de los
derechos humanos y en los últimos años se han producido varios hechos
alentadores que vinculan estrechamente el derecho a la vivienda, los desalojos
y el derecho a la seguridad de tenencia, tal como se establece en la
Observación general cuatro (1991) del
Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales relativa al derecho a una
vivienda adecuada donde se incluye claramente la seguridad
de tenencia en la categoría de los derechos legales que se derivan del Pacto
Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales”.
En vez de andar promoviendo desalojos contra la gente que necesita
una vivienda, Infovir debe de acatar las recomendaciones del Centro de las
Naciones Unidas para los Asentamientos Humanos (Hábitat), concesionando un
permiso o derecho de ocupación de una porción de terreno destinada a uso
residencial. Es una medida importantísima que los gobiernos pueden cumplir el
compromiso de hacer efectivo el derecho a una vivienda adecuada y erradicar la
práctica del desalojo forzoso: “estas medidas a su vez pueden desencadenar un
nivel impresionante de inversiones en la construcción de viviendas mediante la
autoayuda, especialmente entre los pobres de los países en desarrollo,
particularmente en Bacalar y en la capital de la entidad”, concluyó el regidor.
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