En primera fila
¡Funcionario policiaco
en el patíbulo!
No, no nos referimos al consentido del
gobernador Roberto Borge Angulo en la Secretaría de Seguridad Pública, Bibiano
Villa Castilla, sino al Comisionado de Seguridad Pública, Manuel Mondragón y
Kalb, quien, de ser congruente el presidente Enrique
Peña Nieto en el sentido de aplicar rigurosamente la ley por igual a todos los
mexicanos, no sólo estaría a un paso de quedarse sin chamba, sino de ocupar un
camastro en alguna penitenciaría.
En efecto, si la información de diversos medios nacionales
no fue errada, el funcionario fue quien coordinó el operativo registrado el
pasado 1 de diciembre pasado en diversas calles de la ciudad de México, cuando,
con ocasión de la toma de protesta de Peña Nieto, grupos de anarquistas
realizaron una manifestación que, sin embargo, motivó la detención arbitraria de más de un centenar de inocentes, así como violaciones
al debido proceso y a los derechos humanos.
Tras más de cuatro meses de investigaciones, la
Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal emitió la recomendación
7/2013 a la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal, la
Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, la Secretaría General de
Gobierno y al Tribunal Superior de Justicia del DF por múltiples violaciones a
los derechos fundamentales.
Conforme al documento, las autoridades de la ciudad de
México involucradas en los hechos de ese día, a los que calificó como
deficientes, “actuaron de manera desorganizada y reaccionaron de manera
notoriamente desproporcionada”, lo que derivó en la violación al derecho a la
seguridad personal, libertad personal, integridad personal y libre
manifestación de 102 personas, 99 de ellas detenidas arbitrariamente, ya que ni
siquiera estaban involucradas.
La investigación también demostró distintos grados de brutal
policial en seis casos en los que se infringieron múltiples golpes, vejaciones
de connotación sexual, lesiones con dispositivos eléctricos y agresiones
verbales, en tanto documentó 30 casos de uso irracional y desproporcionado de
fuerza de las policías.
Cuatro meses después, se dio a conocer que el Ministerio
Público acusó a todos los detenidos por “ataques a la paz pública”, sin
diferenciar entre quienes no debieron consignarse por su “evidente inocencia” o
quienes tal vez debieron ser por daños en propiedad privada, al patrimonio
público o lesiones.
Con todo, Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC), como el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro
Juárez, Fray Francisco de Vitoria, la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción
de los Derechos Humanos, la Red Nacional de Organismos Civiles en la materia
“Todos los Derechos para Todos”, la Liga Mexicana por la Defensa de los
Derechos Humanos, Fundar, el Comité Jurídico de Derechos Humanos YoSoy 132 y la
Liga Mexicana por la defensa de los Derechos Humanos, exigieron al gobierno
capitalino aceptar y cumplir la Recomendación, y a las autoridades
involucradas, aceptar públicamente su responsabilidad.
Según Derechos Humanos, el peor caso de
brutalidad fue el de Marcos Uriel Polo Guzmán, quien, detenido y sometido por
la policía capitalina y de investigación, recibió más de 200 golpes, por lo que
no pudo ser presentado ante el MP, en tanto expresó su preocupación por el
“Protocolo de actuación policial de la Secretaría de Seguridad Pública del DF
para control de multitudes”, que consideraron violatorio de los derechos
humanos.
Ante esa costumbre con los indefensos detenidos, la Comisión
se pronunció por el trato cruel, inhumano y degradante contra 58 consignados al
Reclusorio Preventivo Varonil Norte, en cuyo ingreso al área de aduanas fueron
desnudados y obligados a hacer ejercicios, con “una clara intención de humillar
y disminuir a las personas”, por lo que solicitó investigar a la Fiscalía
Especial en delitos cometidos por Servidores Públicos, por abuso de autoridad de
las policías y personal ministerial.
Los abusos y atropellos contra los detenidos fueron
múltiples y de lo más variados, ya que lo mismo se detuvo a quienes daban
seguimiento y cobertura a la manifestación (fotos, videos y grabaciones) y los
que se acercaron a auxiliar a otros agredidos físicamente por la policía, que a
las personas que circunstancialmente estaban en el lugar (trabajo,
compras, paseo o curiosos), cuatro de ellos torturados, tres con choques
eléctricos y uno con tormentos físicos graves.
Quizá al final de cuentas se trate de
cargarles la mano a autoridades dependientes del Jefe de Gobierno del DF,
Miguel Ángel Mancera, y aunque también se evidenció la presencia de personas
vestidas de civil con guante negro, que se mezclaron entre las fuerzas
policiacas y actuaron como provocadores, quien ordenó y coordinó en todo
momento la respuesta de los agentes fue el mismito Mondragón y Kalb, quien ahora está
encargado del “control” de la manifestación magisterial guerrerense.
Así
las cosas, ante la Recomendación de Derechos Humanos, que no incluye solicitar
el castigo de Mancera o de Mondragón, el país espera atento el papel que
adoptará Peña Nieto, aunque es de esperarse que no vincule a ninguno de
aquéllos, sino a “chivos expiatorios”, por lo que seguimos pensando que el caso
de la ex lideresa Elba Esther Gordillo fue una simple llamarada de petate, un
simple caso personal, que nada tiene que ver con el verdadero espíritu de
justicia.
Por Luis A. CABAÑAS BASULTO
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