Ante el inicio
del proceso electoral 2013, el Instituto Electoral de Quintana Roo (Ieqroo), dirigida
por Jorge Manrique Centeno, signó el convenio respectivo para el blindaje
electoral con la Procuraduría General
de la República
(PGR) y la Procuraduría General
de Justicia del Estado (PGJE), así como
también se realizan cursos de capacitación a funcionarios sobre estos temas,
pues de acuerdo al Código Penal en Quintana Roo, establece que se impondrá de
setenta a doscientos días de multa, o prisión de seis meses a seis años, o
ambas sanciones a juicio del Juez al servidor público que destine fondos o
bienes que tenga a su disposición en virtud de su cargo, al apoyo de un partido
político o de un candidato.
Es por ello que
la institución electoral, menciona que el delito en materia electoral incluye
tres fracciones dentro del artículo 266, en la que establece en la primera, que
aquel funcionario que abusando de sus funciones obligue a sus subordinados a
emitir sus votos en favor de un partido político o candidato, estará cometiendo
una infracción punible con las sanciones señaladas anteriormente.
De igual forma,
en su fracción segunda menciona que también comete delito aquel funcionario que
condicione la prestación de un servicio público a la emisión del sufragio en
favor de un partido político o candidato y en la tercera aquel que destine
fondos o bienes que tenga a su disposición en virtud de su cargo, al apoyo de
un partido político o de un candidato, sin perjuicio de las penas que puedan
corresponderle por el delito de peculado, o proporcione ese apoyo, a través de
sus subordinados usando del tiempo correspondiente a sus labores para que éstos
presten servicios a un partido político o candidato.
Aunque el
proceso electoral inició desde el pasado 16 de marzo, es éste lunes 13 de mayo
cuando inician las campañas políticas para los candidatos a miembros de los
Ayuntamientos, en un comunicado emitido este sábado, la Comisión de Agua Potable
y Alcantarillado (CAPA), señala que respetuosos de la ley electoral y a fin de
evitar incurrir en alguna falta durante el proceso electoral, por lo que informó
que los 492 vehículos automotores que integran el parque vehicular de la
dependencia, serán utilizados única y exclusivamente para operatividad de las
labores en cuanto a servicio del vital líquido se refiere, en beneficio de los
quintanarroenses.
El comunicado
agrega que el Jefe del Ejecutivo Estatal, instruyó a la CAPA, para blindar la
operación de los 233 vehículos y las 159 motocicletas de la dependencia
distribuidos en los diversos organismos operadores en el Estado, no politizar
las labores por ningún motivo y trabajar con transparencia, para brindar
certeza y seguridad a la población de que los servicios de agua potable y
alcantarillado continuarán, con resultados y beneficios para las familias.
A estas y otras
acciones que impliquen la utilización de recursos humanos, técnicos y
financieros a favor de partidos políticos o candidatos están obligados los
gobiernos en sus niveles federal, estatal y municipal.
El articulo 261
del Código Penal de Quintana Roo, afirma que por la Comisión de cualquiera de
los delitos comprendidos en el capítulo que también incluye a cualquier
ciudadano que cometa infracciones que afecten el libre proceso electoral y la
libertad de los votantes a emitir su sufragio, así como también violente de
alguna manera el material o documentos electorales, se impondrá además de las
penas señaladas, la suspensión de derechos políticos de uno a cinco años. Danel Ramos/Tiempos QR.
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