El Congreso del Estado demandó una investigación a fondo respecto al caso del presunto desalojo violento y destrucción del asentamiento San Isidro Aguas Amargas, ocurrido el viernes pasado.
Asimismo, se adhiere a la Controversia Constitucional impulsada recientemente por el Poder Ejecutivo contra Campeche, para defender los 10 mil kilómetros cuadrados en disputa, señaló el presidente de la Gran Comisión de la XIV Legislatura, José Luis Toledo Medina.
Puesto que el asunto es de índole legal no de debate mediático, así que la resolución corresponderá a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
El viernes pasado se registró el desalojo violento de 40 familias del asentamiento San Isidro Aguas Amargas, donde presuntamente la Policía de Campeche y elementos del Ejército, destacamentados en dicha entidad, destruyeron sus viviendas y patrimonio.
La XIV Legislatura solicitó una investigación al respecto puesto que mientras no haya un dictamen en torno a la disputa por el territorio con Campeche, son ciudadanos quintanarroenses, indicó Toledo Medina.
Expuso que lo anterior es parte de la Controversia Constitucional con Campeche, en la cual se recurrirá al Estado de Derecho, no a descalificaciones o artificios.
“En los trabajos de la Controversia Constitucional por la defensa del territorio quintanarroense, están involucrados los tres poderes del estado, además de defender la integridad y derechos de las más de 40 familias desalojadas en días pasados en la comunidad San Isidro Aguas Amargas”, afirmó.
Reiteró que no se caerá en enfrentamientos mediáticos con las autoridades de Campeche, pero hizo un llamado para que no se incurra en nuevos actos que violenten la soberanía del estado.
El presidente de la Gran Comisión de la XIV Legislatura expresó que se ha ratificado la última demanda constitucional ante la SCJN, la cual tiene antecedentes en 1997.
Confió en los argumentos y sustentos jurídicos que tiene Quintana Roo para que le sea ratificado el territorio de la Zona Limítrofe, donde recalcó que los habitantes de esa área son quintanarroenses.
Toledo Medina recalcó que jamás el gobierno de Quintana Roo tendrá respuestas violentas, ya que confió en que la vía adecuada es la resolución legal con sustentos, los cuales agregó, muestran la verdad que beneficia a la entidad.
Señaló que se desconoce cuánto podría dilatar la solución de la Controversia Constitucional pero dijo que sin importar el mismo, el Gobierno de Quintana Roo mantendrá la lucha por la franja limítrofe.
En cuanto al argumento de las autoridades campechanas que señalan un atentado ecológico en la zona y por ello el desalojo de las 40 familias, Toledo Medina afirmó que se ha solicitado a instancias especializadas que analicen los hechos para corroborar el mismo y con ello actuar a lo que legalmente corresponda. newsquintanaroo.com.mx
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