Por Daniel Ramos
Actualmente los diputados de la XIII Legislatura
se encuentran en el análisis de la reforma constitucional que impondrá la
separación del cargo de los magistrados numerarios del Tribunal Superior de
Justicia del Estado (TSJE) que hayan cumplido más de 12 años de ejercicio o más
de 65 años de edad, la cual fue promovida por el jefe del ejecutivo estatal.
De aprobarse esta reforma, implicaría la separación del cargo de cuatro de
los ocho magistrados que integran el pleno del TSJE, es decir, prácticamente se
plantearía una renovación de los magistrados que conforman hoy el órgano del
Poder Judicial.
En este aspecto, existen magistrados numerarios que llevan 20 años en el
cargo, sin haber sido ratificados por el Congreso del Estado, para su
continuación en los últimos 14 años, como la ex magistrada presidenta Lizbeth
Loy Song Encalada, y los magistrados Óscar Enrique Aguilar Angulo y Arturo
Isidro Pacheco Montalvo.
También tiene 20 años en el cargo, sin someter al Congreso del Estado su
ratificación, alegando una “ratificación tácita”, Carlos Francisco Sosa Huerta,
quien a finales del año pasado quiso burlarse de las instituciones solicitando
una ilegal licencia con goce de sueldo para irse a estudiar un posgrado a
España, cosa que finalmente el Congreso del Estado y el Tribunal Superior de
Justicia le negaron.
La reforma de Ley, fue propuesta por el jefe del ejecutivo estatal, implica
que el “retiro forzoso”, detalla que se les podría pagar su haber de retiro,
consistente en el 100 por ciento de sus percepciones durante los primeros dos
años del retiro y el 80 por ciento a partir del tercer año; lo cual significa
que en los dos primeros años pagarán a cada uno 63 mil 906 pesos mensuales, que
supuestamente es el sueldo mensual de un magistrado numerario, según el
Tribunal Superior de Justicia del Estado; y 51 mil 124 pesos mensuales a partir
del tercer año de retiro.
Esta iniciativa ya ha sido analizada por los diputados que conforman el
pleno de la XIII Legislatura, la cual ha estado en debate en el pleno, de
acuerdo a información proporcionada por el área de comunicación Social y
diputados.
De igual forma, propone fijar la
duración del cargo de presidente del Tribunal Superior de Justicia en tres años
y acotar a una sola reelección por el mismo tiempo, eliminando así la
posibilidad de poder acceder a varias reelecciones sucesivas.
Sin embargo, de acuerdo al texto de la iniciativa, existe la posibilidad de
que los cuatro magistrados que llevan 20 años en el Poder Judicial no tengan
derecho a un “haber de retiro”, debido a que la propuesta indica como requisito
que hayan sido reelectos por decreto del Congreso del Estado, y en el caso de
los cuatro mencionados nunca sometieron su permanencia en el cargo a la
ratificación legislativa, sino que alegaron ser favorecidos por una
“ratificación tácita” y por la “inamovilidad judicial”.
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