Severas, criticables leyes “secundarias”

En primera fila

Severas, criticables leyes “secundarias”

Considerados “sagrados” entre los conceptos de la Constitución Política Federal, los artículos 3, 27 y 123 se mantuvieron inalterables por muchos años en nuestro país, ya que regulaban los temas en materia de educación, petróleo y laboral, respectivamente, todos ellos “tabús” para los legisladores mexicanos por la serie de cuestionamientos que han surgido cuando se habla de ellas.

En el caso del artículo 27, obviamente los políticos de izquierda han sido los tradicionales “vigilantes”, principalmente perredistas y seguidores del mítico presidente Lázaro Cárdenas, quien expropió el petróleo en 1938 y hasta hoy le habían evitado al PRI maniobrar para lo que califican como entrega del país a Estados Unidos ante cualquier eventual intento de reformas.

Con el arribo del PAN al poder tampoco le fue mejor que digamos cuando intentó modificar el 123 para una profunda reforma laboral, que de uno u otra motivo se pospuso durante el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa, su más fuerte impulsor, aunque ahora se habla de retomar el tema, que duerme el sueño de los justos en el Congreso de la Unión.

Sabedores de que de un tiempo a la fecha ningún partido había alcanzado una mayoría absoluta que le hiciera posible legislar sin el apoyo de alguno de los otros dos partidos de mayoría, lo más frecuente era “negociar” acuerdos con alguno de la oposición para aprobar alguna reforma importante, con lo que dejaban solo al otro “no oficial”.

A poco más de un año de gobierno, sin embargo, Peña Nieto ha logrado el “milagro” de modificar uno de los tres artículos “sagrados”, el tercero, y busca desesperado lo propio con uno más, el 127, aunque el costo político y social del primero ha alcanzado más allá de los límites, con intensas movilizaciones de maestros inconformes en 14 entidades, sobre todo en el

Distrito Federal, donde apenas este miércoles por la noche se registró peligroso enfrentamiento policías-profesores.

En Quintana Roo apenas la semana anterior estuvo a punto de caer la gota que derramaría el vaso, aunque, por fortuna, la sangre no llegó al río, tras que un grupo de manifestantes agrediera a la escolta del gobernador Roberto Borge cuando éste salía de palacio, mientras que este miércoles, pese a prolongada lluvia, hubo nueva manifestación a las puertas de la Secretaría de Educación y por la tarde numeroso contingente cerró la circulación de vehículos en el kilómetro 19 de la carretera Chetumal-Cancún-Escárcega, esto en apoyo a las manifestaciones de todo el país y rechazo a la Reforma.

Ante la escasa divulgación de las Leyes Secundarias para el funcionamiento de esta “innovación”, cuyo “costo” han tenido que pagar los Estados, presentamos las siete normas que han causado tanta polémica y escozor, sobre todo la del Servicio Profesional Docente, cuya derogación exigen los maestros, encabezados por la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE)

La primera, sobre “Nuevas reglas para la asignación de plazas”, establece que las nuevas plazas docentes para educación pública básica (preescolar, primaria y secundaria) y media superior (bachillerato) se asignarán sólo por concursos de oposición, preferentemente anuales. Hasta hoy, los gobiernos estatales las entregan automáticamente a egresados de las escuelas normales o las venden otros profesores, en una práctica ilegal,

En la segunda, “Se amplía el perfil de aspirantes”, con lo que, en los primeros dos años a partir de la vigencia de la ley, los concursos de oposición serán sólo para egresados de las Normales, tras lo cual, cualquiera que cumpla el perfil que definan las autoridades educativas podrá concursar por una plaza, con lo que, se fortalecería el sistema educativo al permitir dar clase a gente mejor calificada, independientemente de si estudió en una Normal. La CNTE lo rechaza con el argumento de que habrá menos posibilidades de trabajo para los normalistas.

Respecto a la tercera, “Evaluación obligatoria”, obligará a profesores, directores, asesores y supervisores a evaluarse periódicamente, de lo que

dependerá su permanencia en el cargo. Esas evaluaciones las diseñará el autónomo Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE), y las aplicarán las secretarías estatales de Educación. El evaluado tendrá hasta tres oportunidades de aprobar los exámenes en dos años, en los que recibirá programas de regularización, o será cesado o reasignado.

Con la siguiente ley, de “Sanciones para los reprobados”, los maestros de nuevo ingreso -contratados después de entrar en vigor la ley- que reprueben las tres evaluaciones perderán su plaza, mientras que a los que estén en activo se les removerá de sus aulas, pero no se les despedirá, sino se les reasignará a otra área del servicio público -tareas administrativas, entre ellas- o bien se les exhortará a jubilarse.

El tema ha causado la mayor molestia entre la CNTE, que considera que esta medida atenta contra sus derechos laborales, ya que les hará perder estabilidad en el empleo, y dicen no oponerse a la evaluación, sino a que ésta implique “castigos”.

En torno a la quinta ley, “Los resultados de la evaluación”, el INEE difundirá los resultados de las evaluaciones, pero considerará “datos personales” las calificaciones de cada profesor y no las revelará. Sólo informará los resultados por escuela o entidad, aunque los senadores del PAN propusieron transparentaran las calificaciones para que los padres conozcan el desempeño del maestro de sus hijos. Tanto el PRI como el PRD, sin embargo, rechazaron el planteamiento.

“Castigos para faltistas” es la sexta ley, que establece que al maestro que falte sin justificación al trabajo más de tres días en un mes se le dará de baja, con lo que, según los legisladores priístas, se garantizaría continuidad en las clases, aunque quienes reciban esta u otras sanciones podrán apelar ante los tribunales laborales.

La última les, de “Límites a los comisionados sindicales”, indica que los profesores que acepten un cargo o comisión sindical deberán recibir su sueldo de esa agrupación, no del Estado, con lo que se busca limitar el aumento de “comisionados” sindicales, es decir, quienes realizan tareas para su gremio, pero siguen cobrando como si dieran clases. 

Por Luis A. CABAÑAS BASULTO